FAVICOMLópez-Negrete & Ospina Abogados es una firma fundada por la abogada Virginia López-Negrete y el abogado Juan Gonzalo Ospina con el objetivo de ofrecer la máxima calidad jurídica a sus clientes en la aplicación práctica del derecho en sus casos reales.

Nuestra filosofía se fundamenta en poder ofrecer la solución óptima de cualquier controversia jurídica a nuestros clientes. Asesoramos a clientes particulares, entidades financieras o personas jurídicas de cualquier índole.

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Nuestro trabajo

En el siglo XXI, las figuras delictivas se adecuan a aquellas actividades en las que mayor participación infiere la realidad humana, las cuales en una sociedad avanzada priman lo que se conoce como los delitos económicos. Los delitos económicos serán por lo tanto aquellos hechos delictivos relacionados con el dinero. Destacan las siguientes figuras delictivas:

La estafa

La estafa es el delito económico por excelencia. Se encuentra regulado en el artículo 248 y siguientes del Código Penal, y castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años las modalidades referidas en el Código Penal.

Los elementos tipo de la estafa son el engaño bastante, el error, el acto de disposición, el perjuicio patrimonial y la concurrencia del tipo subjetivo del dolo, así como el del ánimo de lucro.

Apropiación indebida

La apropiación indebida está tipificada en el artículo 252 del Código Penal, cuyo bien jurídico protegido es el derecho de la propiedad, el cual es lesionado mediante el incumplimiento de la obligación de entregar o devolver.

Los elementos típicos de este delito son la posesión legítima por parte del autor del dinero, los efectos, los valores o las cosas muebles, y el título en virtud del cual posee el autor produce la obligación de devolver o entregar los bienes, de tal modo que no le autoriza para actuar como su propietario.

La firma legal ofrece a sus clientes la mejor defensa y asesoría legal posible para sus intereses legales. Es por ello que, independientemente de las tres fases en las que se pueda encontrar la causa: instrucción, acusación y/o defensa y juicio oral; asesoramos desde la experiencia práctica penal y analizamos el caso concreto en función de las necesidades del mismo.

Los artículos 257 y 258 del Código Penal recogen las diversas modalidades de alzamiento de bienes, mientras que los artículos 259 a 261 del mismo texto legal tipifican los delitos relativos a los concursos.

Alzamiento de bienes

El alzamiento de bienes es un delito mediante el cual el deudor oculta o se deshace de una parte o del total de su patrimonio con el único fin de que el acreedor encuentre dificultades para satisfacer su derecho de crédito.

Los artículos 257 y 258 del Código Penal no protegen el derecho de crédito castigando el mero incumplimiento del deudor, ni la mera insolvencia, sino comportamientos consistentes en “hacerse insolvente”.

Los delitos relativos al procedimiento de concurso

Los artículos 259 y siguientes del Código Penal prevén una serie de tipos relacionados con el derecho de crédito de los acreedores en el procedimiento de concurso: el favorecimiento de acreedores (artículo 259 CP), la causación o agravación de la situación de crisis o la insolvencia del declarado en concurso (artículo 260 CP) y la obstaculización del esclarecimiento de la situación económica del deudor en un procedimiento concursal (artículo 621 CP).

La firma legal ofrece a sus clientes la mejor defensa y asesoría legal posible para sus intereses legales. Es por ello que, independientemente de las tres fases en las que se pueda encontrar la causa: instrucción, acusación y/o defensa y juicio oral; asesoramos desde la experiencia práctica penal y analizamos el caso concreto en función de las necesidades del mismo.

La prevaricación:

El delito de prevaricación se encuentra regulado en el Código Penal en los artículos de 404 a 406, castigando a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo así como aquellos que en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello. La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

Abandono de destino y omisión del deber de perseguir determinados delitos:

Regulado en los artículos del 407 al 409 del Código Penal. El articulo 407 CP castigan a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV, imponiendo la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
El artículo 408 CP, castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables. El 409 , a aquellas las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, así como a aquellos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad.

Cohecho:

El cohecho se encuentra regulado en el Código Penal en los artículos de 419 a 425. En sentido amplio se entiende por cohecho la actuación corrupta a la que cede un funcionario por motivos lucrativos, por beneficio propio o de un tercero. El bien jurídico protegido es la probidad del funcionario público que permite a la Administración asegurar una prestación adecuada, objetiva y no discriminatoria de los servicios públicos, según la STS de 29 de octubre de 2001 (Rec. 1327/1993), así como el buen funcionamiento de los servicios públicos (ST 2ª Ss. 27 mar 1982, 15 feb 1990, 8 may 1992)

Dentro de esta figura, podemos distinguir entre el cohecho propio, basado en la ejecución de un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, mientras que en el impropio, la dádiva está dado en consideración al cargo que ostenta en funcionaria, sin tener que hacer o dejar de hacer nada.

Tráfico de influencias

El tráfico de influencia se regula en los artículos del 428 al 431 del Código Penal, pudiendo ser cometido tanto por funcionarios como por particulares. En el primer caso teniendo por objeto combatir la corrupción interna de la burocracia administrativa, política y judicial.
Para la comisión del tráfico de influencias se exige un dolo especial. Se trata de un delito de peligro por lo que la consecución del resultado agrava la pena, convirtiendo el peligro en daño y el delito formal de peligro en el delito material de resultado.

Malversación:

Las conductas delictivas consideradas como malversación de caudales públicos se encuentran descritas en los artículos 432 a 535 del Código Penal, pudiendo diferenciarse entre propia e impropia. La primera, es aquella cometida por funcionario o autoridad y la impropia es cometida por un particular que por medio de ficción jurídica es tenido como funcionario a efectos penales.

El bien jurídico a proteger en la malversación no sólo es la indemnidad del patrimonio público, sino también el correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del estado y demás organismos públicos y la confianza depositada por los ciudadanos en la honesta gestión de los caudales públicos.

El blanqueo de capitales:

Por blanqueo de capitales se entiende el tipo delictivo mediante el cual se encubre el origen de los fondos generados mediante actividades ilegales o criminales.

De este modo, cometerá dicho delito el que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local.

La falsedad documental (documento público)

La autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, comete falsedad cuando: altere un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; simule un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad; suponga en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho; y, por último cuando falte a la verdad de los hechos.

También lo cometerá el particular que altere un documento público, oficial o mercantil en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, simule un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad o suponga en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.

También se castigará a quien, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso nacional, o perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España.

Organizaciones y grupos criminales

A los efectos del Código Penal se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

El Código Penal en su artículo 570 CP, castiga a quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal con la finalidad u objeto de la comisión de delitos graves, así como a quienes participaren activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

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